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¿Existe obligación de pagar la derrama de instalación de ascensor si supera las tres mensualidades?

Dispone el artículo 11.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que cuando se adopten válidamente acuerdos para realizar innovaciones no exigibles y cuya cuota de instalación exceda del importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultará obligado.

Por su parte la norma 1ª del artículo 17 LPH dispone que el establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la modificación del Título Constitutivo o de los Estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación así como que los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan a todos los propietarios.

Esta circunstancia hacía que tanto la doctrina como la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales fuese contradictoria respecto de si el propietario disidente resultaba obligado a contribuir a los gastos de instalación de ascensor en comunidades de propietarios cuando su importe era superior al del 3 mensualidades.

Finalmente el Tribunal Supremo se pronunció sobre esta cuestión fundamentando en la STS de 21-10-2009 que la instalación de ascensor no es innovación inexigible que exima al disidente y posteriormente declarando doctrina jurisprudencial al respecto (STS 18-12-2009, "la instalación de ascensores 'ex novo' obliga a contribuir al gasto a todos los propietarios de la comunidad").

Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo es desde entonces la seguida por las Audiencias Provinciales como, entre otras, la de Madrid en sentencia de 27-07-2011 ("La instalación de ascensor en comunidades no es una innovación no exigible").

Por tanto, el acuerdo de instalación de ascensor en comunidades de propietariosválidamente adoptado obliga a a todos los propietarios, incluidos los disidentes que no pueden ampararse en el artículo 11.2 LPH para no contribuir a los gastos.

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